Entre el 12 de febrero y el 8 de mayo de 2014, las acciones de violencia instigadas por los políticos de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López (dirigente de Voluntad Popular), María Corina Machado (dirigente de Vente Venezuela) y Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano), -a partir de una operación hecha pública en rueda de prensa el 23 de enero, denominada “La Salida”, para derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro— han dejado un lamentable saldo de 42 personas fallecidas y 817 lesionadas.[i] La mayoría de los fallecidos y heridos ha sido por causa directa de las llamadas "guarimbas", promovidas por sectores de ultraderecha de la oposición. Las “guarimbas” son acciones de violencia focalizada –algunas de tipo claramente terrorista—, que han incluido desde quema de edificaciones y transportes públicos y de alimentos, cierre de calles con quema de basura y levantamiento de alcantarillas, hasta asesinatos con francotiradores, envenenamiento de embalses de agua y provocación de incendios forestales.

Desde el principio, estas acciones de violencia se han desarrollado en urbanizaciones de clase media de unos pocos municipios del país, en los que gobierna la oposición, reduciéndose muy rápidamente a menos del 1% de los 355 municipios. La ubicación y características de las acciones desmienten la versión de que se trata de revueltas populares y promovidas por estudiantes.

Las instituciones del Estado han ejercido una labor escrupulosa y eficaz, a través de los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes, para controlar la violencia y preservar el orden. Medidas judiciales están siendo aplicadas con igual rigor a ciudadanos particulares y a miembros de los cuerpos

de seguridad del Estado. No es cierto que se esté desarrollando una política represiva. Contrario a las falsas acusaciones que han circulado en medios masivos de comunicación y que se han recogido, sin rigor, en algunos informes de organizaciones no gubernamentales –instrumentalizando el discurso de los derechos humanos—, las instituciones venezolanas han actuado de manera ejemplar desde el principio de estos acontecimientos, investigando y procesando todas las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, fuesen presentadas ante la Fiscalía nacional o sólo en los medios de comunicación.

De los 42 fallecidos, 10 son funcionarios (varios de ellos asesinados por francotiradores, mientras cumplían con su deber), incluyendo una detective que fue asesinada por policías del municipio Chacao (controlada por un alcalde opositor), cuando detenía infraganti a un ciudadano para ser presentado ante los tribunales; además se cuentan 276 funcionarios heridos.[ii] El 8 de mayo de 2014 fue asesinado por un francotirador un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana -el último fallecimiento para la fecha de este reporte-, mientras limpiaba escombros de barricadas y levantaban los llamados “campamentos” colocados en calles de la urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao, en el este caraqueño.[iii]

El presidente Nicolás Maduro denunció que los daños materiales han alcanzado la cifra de 15 mil millones de dólares. Esto incluye el ataque a 15 universidades del país.[iv]

Levantamiento de falsos “campamentos

estudiantiles”:

El jueves 08 de mayo, el gobierno bolivariano, a través de un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, desmanteló reductos guarimberos que se camuflaron bajo el nombre de “campamentos de la libertad” y desde donde operadores de la ultraderecha intensificaron acciones de violencia contra la ciudadanía y bienes públicos, manteniendo en zozobra a habitantes de los municipios Baruta y Chacao (este de la capital), ambos gobernados por alcaldes de oposición al gobierno bolivariano.

En el operativo resultaron detenidas

preventivamente 243 personas, de las cuales sólo el 20% eran estudiantes. De éstas sólo a 11 se le dictaminaron medidas privativas de libertad debido a la gravedad de los cargos (porte ilícito de arma de fuego, agavillamiento, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias). 49 personas resultaron positivas en pruebas de drogas. En este sentido, se le solicitó al tribunal de control que 15 de los imputados fuesen sometidos a un tratamiento médico especializado que permita su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas. [v]

Personas procesadas e investigaciones en curso:

De las personas aprehendidas infraganti y presentadas ante tribunales durante las llamadas guarimbas de los últimos 3 meses, sólo 7% (202) han sido sometidas a medidas privativas de libertad por la gravedad de sus cargos, lo cual contrasta con el discurso que pretende mostrar una política represiva de parte del gobierno venezolano. Las demás (93%) han recibido otro tipo de medidas, como régimen de presentación o han sido declaradas libres de cargos. Por otra parte, las investigaciones por denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos de efectivos del orden, ya han derivado en la privación de libertad de 19 efectivos policiales, medidas cautelares para 3 funcionarios y 4 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó el viernes 2 de mayo que hasta la fecha 58 extranjeros habían sido detenidos por estar implicados en “acciones terroristas comandadas por grupos de ultraderecha”, casi todos implicados en el uso de armas.[vi] El Ministro denunció, en este sentido, el empleo de mercenarios para generar caos y las vinculaciones de estas personas con figuras internacionales que se oponen al gobierno democrático venezolano, como el ex presidente colombiano Álvaro Uribe. Torres señaló, además, a Yolanda Lara (de nacionalidad española) y José Fernández (de doble nacionalidad española-venezolana), presuntamente especialistas en la construcción de artefactos explosivos, aprehendidos en Yaracuy. El Ministro afirmó que los indicios apuntarían a que tenían previsto un plan de magnicidio contra el gobernador de Yaracuy, Julio León.[vii] Destaca entre los mencionados por Torres, el caso del colombiano Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, quien es solicitado en código rojo por la Interpol, acusado de narcotráfico, a solicitud del gobierno español. Beltrán operaba como co-organizador de las guarimbas y entrenador de los grupos violentos en el estado Táchira.[viii]

Por otra parte, 3 generales de la Aviación Militar fueron detenidos por su presunta vinculación con los planes de desestabilización de la ultraderecha venezolana. La denuncia fue realizada por jóvenes oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y hecha pública por el presidente Nicolás Maduro el 25 de marzo de 2014. Los tres generales, Oswaldo Hernández, José Machillanda y Carlos Millán, así como al capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Nieto, fueron entregados a las órdenes de los tribunales militares, acusados de los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.[ix]

Sobre españoles implicados en los hechos violentos:

El Ministerio Público ha informado que sólo 4 personas que tienen nacionalidad española permanecen detenidos por la gravedad de los cargos en su contra, entre los que se encuentran los ciudadanos Yolanda Lara y José Fernández. En todos los casos, el gobierno está coordinando su actuación con los consulados y la Embajada española en Venezuela, en orden a esclarecer los hechos y garantizar el mejor tratamiento posible, dentro del respeto a la legislación venezolana y a los acuerdos suscritos entre ambos países. Además, como lo ratificó el canciller español, José Manuel García Margallo, en declaraciones a periodistas durante una visita a Naciones Unidas las autoridades españolas están “en permanente contacto con ellos” a través de la Embajada y el cónsul.[x]

El Ministerio Público también verificó que el ciudadano español Wilmer Carballo, de 43 años, murió el 24 de febrero en el sector Fundación de Cagua, estado Aragua, tras recibir un disparo; este hecho está siendo investigado por el fiscal 32º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de dicha entidad regional.

Los casos de Machado y López:

El 12 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la acción interpuesta por la ciudadana María Corina Machado, para que se ordenara la reincorporación al cargo que perdió como diputada en la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional recordó su sentencia N° 207 del pasado 31 de marzo, en la que estableció que “Machado, al aceptar una representación alterna de otro país (que, adicionalmente, para ese momento se encontraba en una especialmente delicada situación diplomática con la República Bolivariana de Venezuela –ruptura de relaciones diplomáticas-), indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional, pretendiendo obrar en su otrora condición de diputada, sin solicitar autorización al Presidente de la Asamblea Nacional y sin éste habérsela concedido, perdió, de pleno derecho, la investidura parlamentaria”.[xi]

En relación al ciudadano Leopoldo López, fue detenido el 18 de febrero preventivamente y de común acuerdo con él y sus familiares -con el acompañamiento del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello—, por sus responsabilidades en los hechos violentos del día 12 de febrero y, como lo reconoció en medios de comunicación su esposa Lilian Tintori, debido a las amenazas contra su vida.[xii] López está acusado de instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad pública y homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles.

NOTAS

[1] Ascienden a 42 personas fallecidas y 817 lesionadas por hechos de violencia. YVKE Mundial, 9 de mayo de 2014.

http://www.radiomundial.com.ve/topics/Luisa%20Ortega%20D%C3%ADaz